El anuncio de la presidenta Bachelet del itinerario político y legislativo hacia una Nueva Constitución recuerda los versos de Constantino Kavafis: “Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias”. Para los amantes de los caminos difíciles, llenos de trampas y dificultades que superar, esta es su ruta. Porque desde ahora, y por varios años, vamos a estar pendientes de un proceso que está abierto en su desenlace y plagado de enormes obstáculos en su recorrido.

El camino se asemeja a un laberinto con varias puertas. Cada una de ellas nos conduce a un recinto diferente. Todas las llaves que abren estos pórticos están en manos de la derecha, que puede entregarlas o no, dependiendo de una serie de factores. A la primera puerta se llegará luego de recorrer una etapa de educación cívica y constitucional, que tendrá dos fases: la primera, de carácter más informativo, durará hasta marzo de 2016. La segunda, más deliberativa, funcionará entre marzo y octubre de 2016.  Esta fase deliberante consistirá en “proceso ordenado de diálogos ciudadanos”, que desde el nivel comunal y regional, llegarán a un nivel nacional hasta desembocar en las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, entendidas como un programa de cambios, que deberían reflejar los anhelos sociales expresados en esta etapa.

En esta parte el riesgo está claro: ¿Cómo asegurar que todos los temas, incluyendo el de la propiedad privada, que la Presidenta aseguró en el CEP que se iba a “respetar”, puedan ser incorporados al debate? ¿En qué medida se garantizará la inclusividad y representatividad de esta “agregación” de opiniones? ¿Cómo se incorporará la voz de los que siempre se quedan debajo de la mesa: mujeres, indígenas, pobladores,  etc. desde su propia voz y no la de un representante? Y lo más difícil, ¿Cómo se traducirán las bases ciudadanas en un proyecto de nueva Constitución? ¿Cómo evitar que los especialistas y jurisconsultos no traicionen la letra y el espíritu de los diálogos ciudadanos? Se anunció un “Consejo Ciudadano de Observadores” para acompañar el proceso. ¿Quiénes conformarán ese consejo? ¿Cómo se les designará? ¿Por designio presidencial o por una vía que respete la representatividad social? ¿Con qué atribuciones efectivas?

La doble puerta del proceso

Una vez que atravesamos esa primera ruta, y provistos del nuevo proyecto constitucional, tendremos que cruzar la primera puerta. Se trata de un proyecto de reforma de la actual Constitución para que el actual Congreso habilite al próximo  para que esa instancia decida el mecanismo de elaboración y discusión del proyecto de Constitución. Se agregaría un nuevo capítulo 16 que habilitaría el proceso. Esta puerta se abrirá con dos tercios de los  miembros en ejercicio de este parlamento. Una cifra imposible de alcanzar sin una negociación con la UDI, que parece monolíticamente cerrada a todo.

Si esta puerta no se logra abrir, la ruta vuelve a cero, y nuevamente el camino a Ítaca deberá acumular fuerza política y social para plantearse políticamente de una nueva manera: por medio de otras fuerzas políticas emergentes, por medio de otra vía de presión social, etc. Las elecciones de 2017 deberían empujar la cerca para arrinconar a la UDI.

Pero si por la gracia de los dioses y de las transacciones esta puerta se logra abrir, se entraría en una nueva sala intermedia. En esta etapa el nuevo Congreso, electo en 2017, deberá escoger entre cuatro alternativas para elaborar la nueva Constitución, desde la base del borrador enviado por el gobierno de Bachelet:

1. Una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados;
2. Una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos;
3. Una Asamblea Constituyente.
4. Y de forma complementaria a la AC, el parlamento podría delegar en el pueblo esta decisión sobre las tres alternativas convocando a un plebiscito.

Esta disyuntiva, a diferencia de la primera puerta, no se decidirá por 2/3, sino por “un “razonable 3/5”. Este matiz es importante, ya que media hora antes del anuncio televisivo el discurso presidencial todavía decía en este párrafo 2/3[1]. En algún momento, pocos instantes antes de la cadena nacional, la redacción cambió a esta cifra. Es muy probable que la presidenta misma bajó el quorum a última hora, torciendo las presiones de parte de su propio círculo de asesores.

Es evidente que la Constitución resultante será diferente dependiendo del mecanismo escogido. Mientras más elitista, más probabilidades de que las “Bases ciudadanas” del borrador original se vean desdibujadas y recortadas. En cambio una AC podría garantizar una mayor fidelidad a ese documento.

Como la derecha es la dueña de la llave, la única palanca política que se podría utilizar en este camino son las elecciones municipales de 2016, y especialmente las presidenciales y parlamentarias de 2017. Si esas elecciones “constitucionalizadas” marcan un giro y dan una mayoría a los partidarios de la Asamblea Constituyente, sería posible apremiarla para que suelte la puerta, para no perderlo todo. En caso contrario hay que volver a la casilla uno del tablero. Pero la doble negociación, en el mejor de los casos, va a permitir a la derecha controlar el alcance y profundidad de cualquier cambio. Si suelta la primera llave, de entrada, se reservará la segunda, para obligar a una acuerdo cupular parlamentario, que despeje la agenda constitucional por otros quince años, tal como ocurrió en 2005.

Las oportunidades perdidas

¿Había otra alternativa? Descartando una ruptura institucional, claramente existía otra ruta posible dentro de la actual Constitución. En vez de agregar un capítulo 16 a la Constitución, por 2/3, se podría haber reformado el capítulo 15 para permitir la convocatoria a plebiscito desde la presidencia  que permitiera partir el proceso con otra legitimidad. Ese cambio sólo exigía 3/5 del quorum. Descartada esta vía institucional –plebiscitaria, entramos ahora a un laberinto lleno de minotauros que acechan a nuestro Odiseo, que desarmado mediáticamente, políticamente confundido, y socialmente fragmentado, deberá buscar la puerta de salida a la cárcel constitucional de Jaime Guzmán.

Las probabilidades de que esta ruta nos lleve a una verdadera Asamblea Constituyente, que redacte una Constitución que refleje de forma diáfana y prístina la voluntad soberana del pueblo, son pocas. Estadísticamente deben ser similares a las probabilidades de la selección chilena para ganar el mundial de 2018. No son cero, porque ganamos la Copa América, pero todos coincidiríamos en que son bastante bajas. Lo más probable es que el diseño del camino nos llevará a un resultado intermedio, todavía por definir.

La pregunta que cada cual deberá responder es la siguiente: restarse a entrar en esta ruta, para construir una vía alternativa y viable. O sumarse a esta vía, sabiendo que el resultado es incierto y probablemente frustrante. Ambas opciones tienen desventajas, que cada cual deberá ponderar. Lo que la izquierda debe tener claro es que sea cual sea la actitud ante ese laberinto, si se ingresa en él o se permanece fuera, es que sin una amplia unidad política y social del pueblo no se logrará quebrar las barreras que nos aprisionan. Esa tarea es la verdaderamente impostergable.

[1] La primera versión del discurso que el gobierno publicó y las infografías todavía incluían ese dato.