Publicado en Le Monde diplomatique, Chile. Marzo de 2010

Las elecciones del 17 de enero de 2010 representan el primer triunfo electoral de la derecha chilena desde que Jorge Alessadri Rodriguez ganó la presidencia en 1958. Las referencias a esa coyuntura histórica han abundado en los meses recientes, dadas las similitudes que permiten comparar a Alessandri y a Piñera: ambos son empresarios y  ambos han formado “gobiernos de gerentes”, con gabinetes en que abundan los empresarios y los técnicos, formalmente independientes de los partidos.

 Sin embargo, la derecha no estuvo alejada del poder luego de finalizado el gobierno de Alessandri ya que gobernó de modo autoritario, junto a los militares, entre 1973 hasta 1990. Este antecedente, que también puede interpretarse como un prontuario político, explica las aprehensiones y miedos que afectarán a muchos chilenos el próximo 11 de marzo, cuando la presidenta Michelle Bachelet entregue la banda presidencial al nuevo gobernante. Los movimientos sociales, los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil ya han comenzado a analizar con detención la nueva coyuntura, tratando de no caer en un alarmismo insensato, pero sin relativizar las amenazas más evidentes que conlleva el regreso de la derecha al poder luego de veinte años del fin de la dictadura.

 Desde 1990 los partidos derechistas Renovación Nacional (RN)  y Unión Demócrata Independiente (UDI), se han regido por los cauces institucionales y han tratado de deslindar responsabilidades con respecto a la dictadura militar, aunque de una manera lenta y no del todo clara. Han incorporando nuevos liderzgos generacionales y han aprendido a callar cada vez que se revelan nuevas informaciones referidas a las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Pinochet. Ya no es habitual que reivindiquen la “gesta libertadora” del 11 de septiembre ni menos que se expresen con orgullo por lo acontecido en esos años. Todo esto al menos en forma pública, ya que en privado los discursos pueden ser diferentes.

 En este sentido la derecha que asumirá el poder con Piñera es distinta a la que gobernó hasta 1990. Las ideas militaristas y nacionalistas que permearon a parte de los funcionarios de la dictadura, de clara inspiración franquista y corporativista, han sido erradicadas del mainstream político durante los años noventa, un tiempo de acelerado crecimiento económico y modernización cultural. La derecha de hoy aparece como una corriente política más sofisticada y marcada por un crudo pragmatismo neoliberal. Este criterio ha quedado en evidencia en el gabinete nombrado por Piñera. Se trata de un equipo con un fuerte cuño empresarial y tecnocrático y alejado de los partidos, tal como lo demanda una clara inspiración alessandrista. Según el presidente electo, es un “equipo de excelencia», lo que revela que para él las mentes más brillantes y competentes se encuentran en los directorios de las grandes corporaciones. Si Bachelet trató de implementar un “gobierno ciudadano”, Piñera ha optado por un “gobierno de empresarios” en el que las grandes compañías prescinden de sus representantes y mediadores políticos para asumir de forma directa y abierta la gestión del gobierno. Si en los gabinetes dela Concertaciónla distribución de los cargos tenía un claro deslinde partidario, lo que obligaba a conocer sus tendencias y disputas internas, ahora se requiere de un mapa de los grupos económicos para poder entender los criterios de selección de los ministros.

 La mayoría de los nominados posee cuantiosos intereses económicos, muchos en abierta contradicción con sus nuevos cargos. Por ejemplo, el futuro canciller, Alfredo Moreno, proviene de los directorios de D&S y Falabella, empresa que tiene intereses en países como Argentina, Perú y Colombia, por lo que ya se habla de una “diplomacia del retail”. Joaquín Lavín, designado en Educación, era uno de los propietarios dela Universidaddel Desarrollo. Felipe Larraín, ministro de Hacienda, posee intereses en la empresa Antar Chile, vinculada a la eléctrica Guacolda y a celulosa Arauco. El futuro ministro de salud Jaime Mañalich es el director de Clínica Las Condes, que en parte era propiedad del mismo Sebastián Piñera. La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, deberá aprobar informes de impacto ambiental preparados por su propia consultora para las grandes compañías mineras y forestales que le contrataron para esos fines durante años. El nuevo Ministro de Minería, Laurence Golborne proviene de la gerencia de la cadena de retail Cencosud.  El listado de conflcitos de interés de los miembros del gabinete se podría seguir enjumerando, ya que la gran mayoría de los nuevos ministros participa de la lógica que el mismo Piñera ha instalado, al vincular estrechamente los negocios y la política al punto en que es imposible analizar por separado sus esferas de actuación pública y privada.

 Recodedemos que el presidente electo posee una fortuna cercana a los 2 mil millones de dólares. En abril de 2009, ante las críticas por no separar los negocios de la política, delegó en cuatro administradoras de fondos de inversiones una parte de sus intereses accionarios pero aun posee el control directo de importantes inversiones. Por este motivo se ha visto obligado a desprenderse de sus acciones en algunas de sus empresas, lo que le ha dado suculentas ganancias ya que luego de su triunfo electoral sus sociedades financieras (como Axxion e inversiones Santa Cecilia) han experimentado alzas de hasta un 20% de su valor. Con la venta de acciones de LAN recaudó 1200 millones de dólares; conla Clínica LasCondes sumó otros 37 millones. Todo esto sin fideicomiso ciego, por tanto –como anunció su abogado, Fernando Barros- este patrimonio se reinvertirá en empresas que no presentan incompatibilidad, probablemente en la esfera financiera. Piñera conservará el 100% de sus acciones del canal privado Chilevisión y el 13.7% del club de futbol Colo Colo, el más popular del país.

 Una nueva derecha en el poder

 Si la vieja derecha chilena despreciaba la institucionalidad democrática ya que le obligaba a respetar derechos económicos, sociales y culturales que no reconocía, la nueva derecha cuenta a su favor con un marco constitucional y legal que le permite gobernar con mayor coherencia y comodidad. La Constitución de 1980 es un marco político mucho más cómodo y propicio para un gobierno de gerentes que el trazado constitucional y legal que acompañó la gestión de Alessandri Rodríguez en los años sesenta. Por este motivo el optimismo que ha manifestado Piñera tiene mucho fundamento. La actual legislación chilena puede ser la envidia de cualquier gobierno de derechas, ya que le permite consolidar, sin grandes esfuerzos, una agenda de liberalización económica, flexibilización laboral y desregulación empresarial. Lo anterior anticipa que el nuevo gobierno se atendrá al marco legal existente y no promoverá su reforma en aspectos sustanciales. 

El nuevo presidente ha declarado que su principal objetivo político apunta a recuperar el nivel de crecimiento económico de los años noventa, ralentizado desde la crisis de 1999.  «Nuestro gabinete tiene una misión, que Chile vuelva a galopar» y para hacerlo Piñera buscará destrabar una serie de puntos identificados por los gremios empresariales como “lomos de toro” o “cuellos de botella”, conceptos que apuntan a las regulaciones legales, laborales, ambientales, y burocráticas que impedirían el avance expedito de las inversiones. Esta agenda supone mayor desregulación del mercado de capitales por medio de reformas legales que eliminen las barreras a la entrada a los mercados y modifiquen la ley de quiebras para reducir las regulaciones de salida. Pero también puede incluir la promoción de la flexibilidad laboral, el desincentivo a la sindicalización, la introducción de capital privado en empresas estratégicas del Estado como CODELCO y ENAP y la eliminación de estatutos laborales como el que rige al gremio docente o a los empleados estatales. Además se puede esperar que las obras públicas se realicen exclusivamente por medio de concesiones a privados, con condiciones a muy largo plazo, con fuertes garantías y beneficios para los concesionarios.

 En esta lógica se incrementarían los subsidios indirectos a los actores del mercado al mismo tiempo que se reducirían sus reglamentaciones y regulaciones. Sectorialmente, esto significa más subvenciones a los establecimientos educacionales privados sin incorporar mayor fiscalización a los sostenedores. En materia de salud supondría entregar bonos para atención en clínicas privadas, a las cuales se les ampliaría el mercado, en desmedro del servicio público. Ya se ha anunciado que los nuevos hospitales y consultorios serán concesionados a privados, tanto en construcción como en su administración.

 Un programa económico de estas características, gestionado por un equipo proveniente del mundo empresarial e inexperto en política, tiene el riesgo de caer en lo que el planificador estratégico Carlos Matus llamó “barbarismo tecnocrático”[1], que resulta de un desbalance entre lo técnico y lo político. Recordando a Marcuse se puede afirmar que Piñera ha conformado un gobierno unidimensional. Incluso el senador de RN Andrés Allamand ha criticado públicamente las «falencias» de experiencia política en los integrantes del equipo ministerial. Un gabinete de “los mejores” debería haber equilibrado las dimensiones técnicas, políticas, comunicativas, culturales y sociales propias de una acción colectiva como es el acto de gobernar. Lo que puede presagiar alta conflictividad social y poca capacidad de maniobra para la nueva administración.

 Frente a este peligro la estrategia que ha diseñado Piñera apunta a aumentar el impacto comunicacional de los programas de transferencia de renta condicionada que se han implementado durante los últimos diez años, como Chile Solidario, entre otros. Se ha propuesto unificar en un solo rubro el actual subsidio familiar y los bonos por capacitación y trabajo bajo el concepto de “ingreso ético familiar”. Este esquema debería funcionar bajo la lógica de vouchers aplicables en materia educacional, de salud, judicial (por medio de empresas de abogados que reemplacen la asistencia judicial gratuita), e incluso en materia cultural-recreativa. Este tipo de bonos y subsidios deberían crear una “fidelización” del electorado, y contrarrestar los costos políticos que se asumirán en otras áreas.

Lo grave de este esquema es que incrementará un factor que sin estar ausente en la política chilena, no ha tenido centralidad: el clientelismo. Se trata de un proceso que puede trastocar derechos adquiridos por  la ciudadanía en prestaciones individualizadas, administradas de forma discrecional por las autoridades, ¿sobre la base de afinidades políticas?.[2] Durante los gobiernos dela Concertación se avanzó, con muchas dificultades y contradicciones, en la implementación de políticas públicas basadas en el reconocimiento de los derechos a las personas, por ejemplo con las garantías explícitas en salud (AUGE). La nueva política significaría un cambio de paradigma, regresando a un Estado benefactor y patrimonialista, abandonando los tímidos pasos que se han dado en la construcción de un Estado Social de Derecho.

 Al mismo tiempo, junto a la “zanahoria” del clientelismo, se prevé que el nuevo gobierno aproveche todas las posibilidades que la legislación le otorga para  ejercer con rigor e inteligencia los “garrotes” represivos. Para ello dispone de la ley antiterrorista (utilizada ya con bastante recurrencia para criminalizar el conflicto mapuche), y las disposiciones que contendría la nueva ley de manifestaciones públicas, que penalizaría civilmente a los convocantes de manifestaciones por actos violentos o vandálicos aunque no hubiesen sido provocados por ellos. Además se anuncia la creación de un sistema de información que mantenga en red a todas las instituciones involucradas en el ámbito de la seguridad, lo que se puede interpretar como un gran banco de datos de inteligencia. Se propone otorgar a los alcaldes el rango de máxima autoridad en materia de seguridad en las comunas creando el cargo de Jefe Comunal de Seguridad, reduciendo así las atribuciones y responsabilidades de intendentes, ministros y jefes de las policías civil y uniformada.

 Los primeros conflictos que se atisban

 El talante empresarial y corporativo del nuevo gobierno no debe ser visto como antagónico con un predominio ideológico conservador en materias morales y religiosas. Esto se entiende por el grado de influencia que han adquirido entre el empresariado chileno movimientos neoconservadores católicos como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. Esto explica que el programa de gobierno declare que se impulsarán políticas públicas que apunten a “proteger y fortalecer a la familia”. Para ello se anticipa un cambio en las políticas del SERNAM, en los programas de educación sexual y de salud reproductiva. Incluso se habla la implementación de estímulos económicos con estos fines, por ejemplo entregando un bono a los matrimonios que celebren sus bodas de oro, con el fin de fortalecer la “institución del matrimonio”.

 Sin embargo, durante las elecciones el Piñerismo logró sumar el apoyo de algunos sectores liberales que no se identifican con esta agenda. A estos electores se les prometió que la Píldoradel Día Después seguirá disponible en los consultorios y se anticipó la implementación de un contrato de convivencia que permitiría a las parejas homosexuales facilitar sus trámites civiles y de herencia, sin que este vínculo se asimile a un matrimonio. El cumplimiento de estas promesas va a tensionar internamente a la coalición de gobierno[3]. Y a la vez se verán confrontadas por los movimientos de mujeres y de personas homosexuales que no se verán confortadas por medidas mínimas que no satisfacen sus demandas de fondo.

 En otra área, las organizaciones de derechos Humanos se han mostrado inquietas ante  el rol que las nuevas autoridades asumirán ante el objetivo de lograr avances en materia de verdad y justicia.  Durante la campaña electoral Sebastián Piñera dejó entrever la posibilidad de indultar -por razones humanitarias- a los militares que hoy están procesados por tortura o desaparición forzosa de personas en la dictadura de Augusto Pinochet. Preocupación particular genera el futuro del Programa de Derechos Humanos dependiente del ministerio de Interior. Alicia Lira, de la agrupación de ejecutados polítcos ha afirmado: «Nos preocupa tanto el Programa de Derechos Humanos donde recién el año pasado se empezaron a presentar querellas por los ejecutados políticos, ya que, nunca se había podido establecer que el gobierno pudiera hacer justicia con estas víctimas que se habían dejado al desamparo de lo jurídico. Vamos a buscar los mecanismos para ver la forma que funcione, porque si bien es cierto que está garantizado por ley, pero las querella las presenta el subsecretario del ministerio del Interior, por lo tanto, no sabemos cuál va a ser su sensibilidad, si es que realmente van a presentar las querellas».

 Otro posible foco de conflicto se localiza en la política hacia los pueblos indígenas, ya que el programa de Piñera plantea abandonar lo que denomina “una política indígena eminentemente ruralizante” para implementar una política de asimilación bajo los conceptos occidentales de desarrollo productivo. Para ello creará una nueva agencia de desarrollo indígena que funcionará sobre la base de subsidios con claro énfasis individual, en desmedro de las políticas que se han desarrollado para fortalecer a las comunidades.

 En el plano económico se vislumbran fuertes contracciones presupuestarias, que el nuevo gobierno tratará de endosar a la administración Bachelet. Por este motivo Piñera ha denunciado que “el año pasado, las finanzas públicas experimentaron un déficit fiscal de 4,5% del producto interno bruto (PIB), lo que representa una cifra cercana a los 7.200 millones de dólares, uno de los déficit fiscales más altos de nuestra historia y no repetible en el tiempo”. Este contexto, afirmó, “nos obligará a priorizar las necesidades más sensibles de la gente pero no nos permitirá acoger todas las demandas de la ciudadanía, por justas y legítimas que ellas sean”. Por su parte el nuevo ministro de Hacienda Felipe Larraín ha pronosticado que en 2010 no se podrán hacer grandes mejoras en salarios producto del déficit fiscal heredado.

 Según el presidente dela ANEF, Raúl dela Puente, estas declaraciones están anticipando “una política muy restrictiva, monetarista que quiere hacer pagar a los trabajadores los costos de las crisis”. Para la vicepresidenta dela CUTMaríaRozas, estas afirmaciones suponen un sinceramiento de la derecha luego de la campaña electoral: “Hoy día descubren que hay un déficit fiscal. Deben haber andado enla Lunao en Harvard cuando se produjo la crisis económica del año pasado, cuando nosotros negociamos y negociamos con dificultades, pero avanzamos, lento, pero avanzamos… Prometieron lo que no van a hacer capaz de hacer”, agregó en Radio Cooperativa.  

 En el área laboral se anuncian cambios en la Direccióndel Trabajo, que debería transformarse en institución “autónoma”, lo que anticipa perdida de atribuciones y competencias y sobre todo, ausencia de responsabilidad y control político sobre su gestión, lo que la condenaría a la irrelevancia. Estas medidas anticipan que la conflictividad social no debería tardar en llegar. El nuevo ministro del interior Rodrigo Hinzpeter ya ha declarando que si bien las organizaciones sociales tienen derecho a plantear sus demandas, estas “deben entender que con el gobierno se habla en orden y con respeto, de lo contrario yo, como jefe de gabinete, tomaré las medidas apropiadas para que las conversaciones se den en ese marco”[4]. Clientelismo más represión selectiva parecen ser dos claves de la nueva forma de gobernar anunciada por Piñera. Por lo cual cabe preguntarse por las capacidades de respuesta y movilización con que contará la oposición política y social al nuevo gobierno.

 La debilidad de la nueva oposición parlamentaria

 Buena parte de los votos de Piñera han venido desde los sectores populares en quela Concertaciónhabía logrado a inicios de los noventa sentar bases electorales duras y extensas, que auguraban un piso sólido para disputar el curso de la transición. Sin embargo, a poco andar, esa base popular se distanció de la propuesta dela Concertacióny se convirtió en objeto de las más sofisticadas y efectivas políticas de la nueva derecha, que desde los laboratorios políticos de la municipalidad de Las Condes o desde los escritorios del Instituto Libertad y Desarrollo fue capaz de llegar a los lugares en los que la acción del gobierno no llegaba, o lo hacía con lentitud e ineficacia.

 Paralelamente, la Concertación desarrolló de manera muy precoz lo que el analista Antonio Cortés Terzi denominó “ideología del gobiernismo”[5], que tenía como objetivo fundamental consolidar avances sociales y políticos modestos e inmediatistas, por medio de una “política de los acuerdos” con la derecha. Para sostener esta propuesta se requería abjurar de todo objetivo que tuviera pretensiones de transformación sistémica, rechazando al mismo tiempo la reflexión crítica y subordinando la independencia de sus militantes y actores afines a los objetivos del gobierno de turno. En una primera etapa esta política parecía rendir frutos. Se consolidó rápidamente la estabilidad política, económica y social del país. Pero el costo social y político de este proceso ha sido devastador.

 Si la derecha ha triunfado electoralmente en enero es porque ya había triunfado comunicacionalmente hace varios años atrás. Recordemos que en 1999 Lavín estuvo a treinta mil votos de ganar a Ricardo Lagos. Lo que no significa que durante los años noventa el electorado chileno se haya hecho más conservador. Se trata más bien de la forma como se ha pauteado el debate público. En este proceso el país fue administrado por una coalición de centro izquierda que gobernó a una ciudadanía que la evaluaba bajo criterios fijados desde la derecha.

 Sin embargo, a pesar de las apariencias, los chilenos siguieron siendo fuertes críticos al modelo neoliberal. La encuesta GlobeScan, de escala mundial, y encargada por la BBCde Londres, reveló que en noviembre de 2009 el 91% de las personas consultadas en Chile deseaban que su gobierno asumiera un rol más activo en redistribuir más uniformemente la riqueza, lo que pone a los chilenos liderando las estadísticas mundiales en la demanda de un gobierno más activo en el control del mercado[6]. Resultado similar arrojó la IV Encuesta Nacional de Opinión Pública 2008, realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Ese estudio concluyó que la mayor parte de los chilenos está de acuerdo o muy de acuerdo, por ejemplo, en que el Estado tenga empresas de utilidad pública (71,6%); que exista una AFP estatal (67,2%); que aumenten los bancos estatales (65,7%); que el transporte público esté en manos de una empresa estatal (58,1%); que “todas” las universidades pasen a ser de propiedad del Estado (52,9%) e incluso que exista una cadena de supermercados estatal (51,9%).  Del mismo modo, el 60,6% de los encuestados está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con que CODELCO sea privatizada[7]. ¿Cómo entender que esta es la misma opinión pública que eligió a Piñera como presidente?

 En este mes de marzo la nueva oposición parlamentaria llegará a ocupar su nueva posición y descubrirá que durante veinte años se produjo una disociación entre las agendas de los partidos de la Concertacióny las agendas de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil con las que colaboraron en los tiempos de la dictadura. Como reconoce la directora del Think Tank concertacionista Chile 21, Maria de los Ángeles Fernández: “Uno  de  los  elementos  que  han  caracterizado  históricamente  a  los  partidos  progresistas  es  su vocación de vínculo y representación de los sectores más desposeídos de las sociedades, así como su relación con los movimientos sociales. En Chile, esa vinculación ha tendido a decaer al punto de que es posible afirmar que los partidos progresistas y la sociedad civil tienen agendas más bien bifurcadas  y  lejanas  a  la  convergencia.  No  es  ésta  una  situación  casual  ni  producto  de  un espontaneismo  histórico. Los  artífices  de  la  ingeniería  política  de  la  transición  diseñaron  las condiciones para la desmovilización social con el objetivo de lograr la paz social”[8].

 Se trata de una oposición que deberá reaprender a vincularse y establecer alianzas con la ciudadanía organizada, a la que ha tendido a despreciar y deslegitimar durante años. Además, esta oposición no contará con medios de comunicación progresistas capaces de enfrentar al sistema de medios del nuevo gobierno. Será una oposición que deberá dar cuenta de sus responsabilidades a la hora de naturalizar las desigualdades del actual modelo, al inhibir toda iniciativa política con pretensiones de transformación sistémica. En definitiva, será una oposición que deberá asumir un rol para el que no se ha preparado y que deberá pagar el costo de sus propias políticas de disciplinamiento forzado y debilitamiento deliberado de la conciencia crítica de los ciudadanos.

 Construir una nueva hegemonía

 La designación de un gabinete claramente empresarial parece ser aceptado por una parte de la población como la más normal de las decisiones políticas de un gobernante moderno. Los comentarios de la calle lo ratifican: “es que si gobiernan los ricos, no van a robar, porque ya tienen”, “es que si no son políticos van a ser más honestos”, “ es bueno que gobiernen los empresarios. Si en el fondo el país es una empresa también y ellos saben como administrarlas bien”, “nombrar técnicos es la tendencia, es lo que se hace en el siglo XXI”  No importa lo fácilmente rebatibles que puedan ser estas argumentaciones, lo importante es el sentido que logran tener estas frases en quienes las pronuncian.

 Este proceso, es el reflejo de la hegemonía cultural que han logrado instalar en el inconciente de toda una nación. Se trata de una forma de convencimiento que ya opera por sí sola, sin necesidad de leer El Mercurio o de ver Megavisión. Ideología inocua, incolora e inodora que se inocula por los poros insospechados de las conversaciones cotidianas. El sutil pero contundente mensaje que se basa en el sentido común. Antonio Gramci llamó a esto Hegemonía. Se trata de la capacidad de los poderosos para que los dominados acepten el ‘statu quo’ no por coerción, sino por el consentimiento. Para ello es necesario que existan un conjunto de ideas dominantes presentes en la sociedad, pero a las que la gente da un asentimiento casi natural. Cuando la ‘hegemonía’ es verdadera se la puede llegar a identificar con la ‘cultura popular’. Opera por medio de intercambios, mediaciones, asimilaciones y resistencias hasta convertirse en la cultura dominante Esto significa que cuando la cultura popular se ve reflejada en los medios masivos ya han logrado un grado importante de consenso. Los medios no hacen más que participar en su construcción y sobre todo en su amplificación, por eso la gente escucha estos argumentos y los asimila de una forma autónoma y libre. No se trata simplemente de manipulación, sino que hay un liderazgo cultural, que logra el consenso de los grupos y de las clases subordinadas.

 Por esto, la construcción de una contra-hegemonía política y cultural debería ser una tarea fundamental para la nueva oposición. Ello no se identifica necesariamente con la sola adquisición o administración de medios de comunicación. Se puede tener medios poderosos pero ineficaces. Se trata de algo mucho más complejo. Pero lo que no se puede es pensar que se puede cuestionar y debatir la hegemonía conservadora sin una política de comunicaciones propia. La tan debatida política de Eugenio Tironi, entonces director de comunicación del gobierno de Aylwin resumida en la frase “la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional” hoy le pasa le cuenta a quienes la aceptaron, en un contexto en que el Estado no posee un rol como garante de una real libertad de expresión. Se sostuvo que el mercado era un buen regulador de los contenidos de los medios, que se adaptarían a la demanda. Este concepto, entre ingenuo e irresponsable, distrajo a los decidores públicos pensando en medios de comunicación inexistentes, provistos de inocentes y neutrales pautas, sólo influenciadas por una ciudadanía crítica y activa. Hoy ya es tarde para lamentarse y lo único que cabe es no repetir los errores y fortalecer un sistema de medios pluralistas, críticos e independientes.

 La “democracia de los acuerdos”.

 Frente al Parlamento la derecha ha diseñado una estrategia basada en  atraer hacia sus propuestas el concurso de la nueva oposición bajo el concepto de una “democracia de los acuerdos”, que prolongue en las nuevas circunstancias la “ideología del gobiernismo” y el disciplinamiento forzado de las demandas sociales. Ya lo ha buscado al nombrar al ex ministro DC Jaime Ravinet en la cartera de defensa y al mantener al PPD Alvaro Sapag al frente dela CONAMA. Suestrategia supone cooptar a cuanto funcionario “desconcertado” esté dispuesto a sumarse al carro de la victoria. Por ello, la primera prueba que ha debido afrontar la nueva oposición ha radicado en su capacidad de resistir unida a los intentos de atraer al nuevo gobierno a las voluntades más derechistas y claudicantes de sus partidos. Sin embargo, una nueva “democracia de los acuerdos” no parece fácil de implementar. Esta política sólo funcionó eficazmente cuandola Concertaciónestuvo entre las cuerdas y tuvo que ceder en algún punto programático a fin de lograr la aprobación de leyes fundamentales e impostergables. Por su parte, la derecha, en cuanto oposición, nunca buscó sinceramente llegar a pactos con los gobiernos dela Concertaciónsino en circunstancias y temas que llevaran agua a su molino. Nunca cedió en ningún punto fundamental a los intereses de sus grandes representados, ligados a los gremios empresariales y los grupos económicos. Y si cedió en algo, lo hizo para cobrar en otros aspectos el doble de lo entregado.

 La segunda prueba de la oposición se definirá en su capacidad de articulación interna. ¿Qué tipo de relación construirán los partidos dela Concertacióncon el fuerte y polémico liderazgo de Marco Enriquez- Ominami? ¿Cómo se vincularán estos actores con la izquierda agrupada en el Juntos Podemos? ¿Se consolidarán los nuevos partidos políticos que han surgido este año, como el Partido Progresista de Enriquez Ominami, el Patido de Izquierda, que agrupa a sectores arratistas, o el Partido Igualdad vinculado a movimientos sociales de pobladores y deudores habitacionales? Si prolongan interminablemente sus querellas y disputas ciegas, es probable que despejen la pista a los intereses del oficialismo. Por otra parte, si se desperfilan sus identidades en una plataforma anodina antipiñerista también sufrirán un desgaste.

 Por su parte, el electorado concertacionista espera que la nueva oposición política proceda de la misma manera como lo hizo la derecha en estos 20 años. Hoyla Concertacióndeberá actuar en reciprocidad, pero a favor del mundo sindical, de las organizaciones sociales y ciudadanas, de los movimientos sociales, de los consumidores y usuarios, y de todo un mundo que no posee más poder que el que ha entregado con el voto a sus representantes. En estas y en muchas otras materias lo que se demanda desde la sociedad civil es poder visibilizar, ahora más que nunca, las diferencias que separan a ambos conglomerados políticos y que parecen trivializarse entre tantos llamados a diluir las identidades políticas en un marasmo piñerista.

 Estas diferencias deberían surgir ahora con más fuerza que antes, ya que todas las dificultades objetivas ya señaladas no niegan que existan ideas y propuestas que oponer con fuerza a los proyectos de la nueva derecha piñerista. Se trata de una agenda que ha acumulado la ciudadanía organizada en ONGs, sindicatos, movimientos contraculturales, ambientalistas, e iniciativas locales, que promueven la democracia participativa, y un nuevo modelo de desarrollo, basado en la equidad y la sustentabilidad. Estas ideas, lejos de ser un anhelo de intelectuales, se perciben cada vez más como una urgencia impostergable.

 La inconclusa agenda democrática

 A inicios de los noventa la Concertaciónasumió tres grandes objetivos: la democratización, el desarrollo económico y la equidad social. En estas tres dimensiones se puede llegar a un  balance similar: logros parciales importantes, pero que no lograron trastocar los aspectos estructurales del sistema institucional en lo político (la Constituciónde 1980) y en lo económico (el modelo de desarrollo y el rol de Estado)[9].  La derrota dela Concertación implica que buena parte de la agenda de cambios legislativos que esa coalición impulsaba deberá esperar nuevos vientos políticos para poder avanzar. Si bien los programas dela Concertación no se pueden identificar de modo mecánico con las demandas democráticas de la ciudadanía, ya que existen amplias contradicciones entre ambas propuestas, es necesario reconocer que en los proyectos programáticos de sus gobiernos figuraban innumerables reformas que contenían parte importante de estas aspiraciones. Si bien algunas de estas transformaciones se llevaron a cabo, muchas otras, tal vez las más significativas, no alcanzaron a llegar a puerto.

 Esta situación no sólo se explica por la falta de voluntad política de muchas de las autoridades gubernamentales concertacionistas. También es necesario responsabilizar a al llamado “binominalismo estructural”, que se puede caracterizar como “el empate institucionalizado que caracteriza los aspectos sustanciales del proceso decisorio político en la Constituciónde 1980, y que va mucho más allá de los aspectos electorales”[10]. Se trata de un empate catastrófico, artificialmente producido, que ha operado por años y que ha invisivilizado a las visiones alternativas. Por esa razón el sistema binominal ha constituido un muro infranqueable, que constituye una distorsión de tal envergadura que contamina el proceso democrático desde su origen hasta su resultado final. La sobre-representación de la derecha no sólo ha funcionado a la hora de resolver quién resultará electo y quién no lo hará. Ha funcionado como un dispositivo que altera la conformación de las coaliciones, la selección de los candidatos, la cobertura de la prensa y finalmente opera como un elemento de coacción que lleva a los electores a asumir la lógica del “voto útil”, basada en el principio del mal menor por sobre el “voto a conciencia”.

 La gran novedad en las pasadas elecciones parlamentarias fue el pacto electoral entrela Concertacióny la coalición de izquierda Juntos Podemos Más. Gracias a este acuerdo el Partido Comunista regresa al parlamento mediante tres diputados, lo que se ha calificado como una victoria contra el sistema binominal. Sin embargo se trata de una solución específica y puntual que ha beneficiado a un partido de larga tradición e historia política, pero legalmente no se ha cambiado ni una coma al sistema. Por lo tanto el fin del biniminalismo estructural y la conquista de un sistema electoral proporcional continuará siendo una demanda democrática durante el nuevo período.

 A este punto es necesario agregar un conjunto de medidas específicas y complementarias que han sido propuestas por organizaciones ciudadanas por largos años, y que ampliarían significativamente la calidad e intesidad de nuestra democracia. Algunos ejemplos son:

– Promover la elección directa de los gobiernos regionales, incluyendo a los intendentes y a los consejeros regionales, descentralizando a este nivel competencias y autonomías significativas.

– Promulgar la ley anti-discriminación, la ley de Cuotas para corregir el déficit de representación política femenina, la ley de participación ciudadana y la ley del Defensor de las personas (Omsbusman).

– Desarrollar los mecanismos de democracia semi directa, como la revocación de mandatos y el referéndum o plebiscito, propiciando recursos públicos para su implementación masiva a nivel nacional, regional y comunal.

-Entregar mayores atribuciones y medios a los consejales para garantizar su efectiva capacidad de fiscalización y control de la gestión municipal.

– Incentivar la constitución de los consejos escolares y de salud primaria.

– Incorporar en la institucionalidad ambiental la participación ciudadana de forma vinculante en todas las políticas, planes y programas ministeriales y en la evaluación de los proyectos de inversión.

-Garantizar mecanismos eficaces para frenar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y que regulen adecuadamente un bien público como es el espectro radioeléctrico. 

 La persistente desigualdad

 La política económica de los gobiernos dela Concertaciónse basó en un adecuado manejo de los equilibrios macroeconómicos dentro de una lógica predominantemente neoliberal. Por ello mantuvo baja la inflación, contuvo la expansión del gasto público, redujo la deuda pública interna y externa, eliminó barreras arancelarias y promovió la apertura hacia los mercados externos. Chile cuenta hoy con la confianza del Banco Mundial, del FMI,la OCDEy diversos organismos internacionales, que no han dudado en caracterizar al caso chileno como un modelo a seguir por ser eficiente, eficaz,  serio y confiable.

 Estos rasgos positivos pueden hacer olvidar que el modelo de desarrollo implementado no fue capaz de superar rasgos propios de las sociedades en vias de desarrollo, tales como la dependencia estructural de la exportación de materias primas, la precariedad laboral de la fuerza de trabajo, el atraso tecnológico, la injusta distribución de la riqueza. El país no ha logró diversificar su estructura productiva que sigue centrada fundamentalmente productos primarios y semiprimarios como el cobre, productos agrícolas, papel y celulosa, carnes, pescados y madera. La inversión pública en Investigación y Desarrollo (I+D), fundamental para avanzar hacia una economía del conocimiento, sigue siendo baja y la inversión privada en esta materia es insignificante. Paralelamente, se ha intensificado la alarma pública por la baja calidad de la educación básica, secundaria y universitaria, que ha registrado una tendencia al empeoramiento de acuerdo con los estándares internacionales de calidad de la educación. Un último elemento que dificulta aún más la continuidad del actual modelo de desarrollo radica en las limitaciones de la actual matriz energética y el grave deterioro del medio ambiente, que amenaza con la sustentabilidad de las industrias extractivas, incluso a corto plazo.

 Los efectos de este modelo de desarrollo impactan en la baja calidad del empleo, un alto desempleo real (solo aminorado por el autoempleo informal), gran inestabilidad laboral, fuerte inequidad, y pese a los avances del gobierno Bachelet, en persistente desprotección social. Según datos de  la Direccióndel Trabajo publicados la primera semana de enero de 2010 sobre condiciones laborales en el sector privado da cuenta de esta realidad: más de la mitad de los trabajadores chilenos (55%) gana sueldos que no superan los 257 mil pesos brutos, en tanto sólo en el 5,1 por ciento de las empresas existen sindicatos activos.

 Este diagnóstico muestra la pertinencia de las propuestas ciudadanas que han buscado superar este modelo de desarrollo, contribuyendo a una economía más diversificada, y a la vez más sustentable, equitativa e igualitaria. Los modelos internacionales muestran que es posible evolucionar desde un modelo primario exportador como el chileno a uno altamente competitivo. Pero en todos los casos exitosos se requirió de un Estado que realizace grandes inversiones en ciencia y tecnología, educación e innovación, infraestructura, energías renovables, y desarrollo humano. Al mismo tiempo se trata de países en lo que se garantizó un alto estándar democrático, basado en la libre expresión de  ideas, y un claro compromiso con la preservación del medio ambiente. Sabemos que “ninguna sociedad se propone tareas para cuya solución no existan ya las condiciones necesarias y suficientes o no estén, al menos, en vía de aparición y de desarrollo”[11]. Si la sociedad civil chilena se está planteando estos objetivos es porque intuye que puede alcanzarlos.

 La oportunidad para mejorar la calidad de la  política  

 La gran ventana de posibildades que se abre el 11 de marzo radica en volver a conectar la sociedad civil y los partidos políticos progresistas y de izquierda, que se han bifurcado peligrosamente en los últimos años. Para ello será necesario construir una agenda común de reconocimientos que señale claramente un rumbo compartido entre la oposición política y la oposición social. Los 12 compromisos que suscribió Eduardo Frei frente a Jorge Arrate y el Juntos Podemos[12] y su incorporación del proyecto de reforma tributaria propuesto por Marco Enríquez-Ominami [13] apuntaron en esta línea. Se trata de propuestas que deben mantenese en agenda, ya que  incluyen la necesidad de redactar una nueva Constitución, regular el sistema financiero, desmunicipalizar la educación pública, proteger más fuertemente el medio ambiente, todas demandas sentidas con fuerza por las organizaciones sociales.

 Durante la campaña electoral de 2009 se hizo explícita una demanda social que apuntaba a devolver a la política una base ética que vaya más allá de la oferta inmediata de bienes y servicios del Estado. Se percibía la necesidad de un nuevo tipo de prácticas que revaloricen el sentido de las promesas, los compromisos y la construcción de vínculos y lealtades entre representantes y representados. Esta aspiración denota una mayor exigencia a los partidos por coherencia ideológica pero también por mayor rigor en su ética procedimental. Se ha instalado así un debate que proseguirá en los años que vienen sobre “la manera como se hacen las cosas en política”, que se expresará en la exigencia de definiciones más claras sobre las formas de deliberación y sanción de propuestas, candidaturas y posiciones en los partidos.

 Un segundo reclamo ciudadano apunta a superar la endémica distancia entre el mundo social y el mundo político. Esta distancia explica buena parte de la esterilidad de muchas de las buenas ideas e intenciones que han abundado en estos últimos veinte años. La experiencia nos muestra que en Chile no es posible alcanzar los grandes objetivos democratizadores y de justicia social sin consolidar “la unidad política y social del pueblo”. Esta unidad no se puede entender sólo como un pacto entre partidos, sino como la construcción de un bloque histórico por los cambios, que incluya a  la sociedad civil organizada, con el fin de alcanzar metas de progreso económico, de superación de las desigualdades y de construcción de un Estado capaz de garantizar, en forma cada vez más extensiva y exigible, los derechos de la ciudadanía.

 Un proceso de esta naturaleza debería posibilitar la emergencia de una forma de participación ciudadana mucho más clara, directa, y lúcida. Los parlamentarios opositores deberían desarrollar metodologías innovadoras, como las audiencias públicas ciudadanas, los cabildos comunales y los foros sociales, para colocar en discusión la agenda legislativa del período. Para lograrlo se requeriría apuntar a objetivos políticos desafiantes, que trasciendan los ejercicios tecnocráticos de los sistemas institucionales y el frío marketing electoral. Propuestas y acciones capaces de encantar y convocar por medio de ideas y emociones colectivas. De esta forma los partidos políticos recuperarían su legitimidad, prestigio, y capacidad de articulación de demandas dispersas. Sin embargo la condición sine qua non para todo este proceso es contar con dirigentes políticos con la humildad necesaria para decir “me equivoqué”, “no tomé en cuenta la opinión de las personas”, “no escuché a quienes debía”. Es un punto de partida que mostraría que más allá de las palabras hay voluntad de cambiar y optar frente a la democracia de los acuerdos espurios, por  una democracia de las diferencias, basada en el debate público, transparente y participativo de los grandes temas que se abren a partir de este cambio de gobierno.

 Este camino se deberá abrir paso inevitablemente. Por ejemplo Jorge Arrate ha expresado sintonía con estas intuiciones al afirmar en una reciente carta abierta a sus electores: “Pienso que la izquierda debe concebirse como una nunca terminada síntesis entre lo clásico y lo nuevo, proponerse cultivar las esferas de lo político, lo social y lo cultural con igual energía, agitar sus grandes banderas transformadoras y, al mismo tiempo, ocupar los microespacios de la vida cotidiana. Es decir, ser movimiento, o frente, ser partido y sindicato, ser junta de vecinos y centro cultural, ser militante y ser adherente, ser afiliado a un partido y ser independiente, ser asociación de consumidores, ONG ecológica, centro de estudios o escuela de formación ciudadana[14]”.

 El rol imprescindible dela SociedadCivil

 No sería correcto reducir la agenda de oposición social y ciudadana a la elaboración de un “shopping list” para presentar a los partidos. En estos próximos cuatro años la ciudadanía jugará por si misma, de manera autónoma, un rol crucial como control y resistencia a los proyectos de la derecha. Pero para que esto ocurra se requiere una sociedad civil con confianza en si misma, con capacidad de asumir un papel político en un sento amplio del término. Esto significa avanzar en una articulación social más fuerte, antes de anuncar  manifestaciones improvisadas o que se limiten en el activismo del día a día.  Se hace necesario contribuir una amplia agenda de cambios que exija y presione a los programas de los partidos políticos y de los organismos internacionales, pero discutida y construida desde los ciudadanos y ciudadanas que se organizan de forma conjunta. Se trataría de una agenda que supere la denuncia y los diagnósticos y que exija movilización y acción transformadora con un horizonte de largo plazo, en vistas de una Asamblea Constituyente que restituya en Chile la plena vigencia del principio de soberanía popular.

 Si la ciudadanía logra dar cuenta de estas tareas, se abrirá una coyuntura que va a tensionar positivamente nuestra democracia, obligándonos a discutir sobre lo público en nuestros lugares de trabajo, en la familia y en los espacios de convivencia social. Se abrirían tiempos novedosos, que demandarían mayores definiciones en el campo de las ideas y de los valores, que no se podrían desaprovechar. Se requiere premura y sentido de urgencia política para no desperdiciar el momento.