INDEPENDENCIAS LATINOAMERICANAS

 

Según el lingüista Fernando González Ollé, la castellanización de América Latina no se produjo en el período virreinal, sino muy avanzado el siglo XIX, luego de las guerras de independencia. González sostiene que es erróneo pensar que la implantación de la lengua castellana siguió un patrón de desarrollo exponencial pues, muy al contrario, “sufrió abandono” durante los siglos XVII y XVIII. En ese período las lenguas amerindias no sólo se mantuvieron sino que, en algunos casos, se lograron expandir. En consonancia, el historiador Miquel Izard nos dice que el proceso de secesión de 1810 implicó sólo al 20% de la población latinoamericana, ya que el 80% restante se había logrado mantener al margen de la dominación occidental y poseía autonomía linguística y patrones organizativos y culturales propios. A juicio del historiador, fue hacia 1880 cuando comenzó la segunda conquista de ese 80%, y “cuando se cometieron más atrocidades”. Por ejemplo: la “conquista del desierto” en Argentina y la “pacificación de la Araucanía” en Chile. Por este motivo, “las independencias de América no fueron un movimiento anticolonial sino parte del proceso de transformación política y de disolución de la monarquía española”. En efecto, las independencias latinoamericanas “no alteraron sustancialmente el esquema de organización socio-económica y el sistema de valores sociales dominantes que había en la colonia”, y las economías de nuestros países “se mantuvieron como apéndices o complementos de las economías nacionales de Europa y Estados Unidos”. ¿Nos queda, todavía, algún motivo para celebrar el Bicentenario?

Álvaro Rámis, investigador teológico del Centro Ecuménico Diego de Medellín. Por Más Izquierda (X+I).

IMAGINARIOS CULTURALES PARA LA IZQUIERDA

Separata incluida en la edición del 27 de noviembre de 2009 en el Diario El Siglo, con ocasión de la campaña presidencial de Jorge Arrate, en Chile

http://arteuchile.uchile.cl/imaginar/index.html#

 

El show de Alan

Si en algo el presidente del Perú posee reconocimiento y prestigio es en el campo comunicacional. Alan García es de aquellos políticos que a falta de virtud cívica y vuelo intelectual, han hipertrofiado sus habilidades principescas de una forma desconcertante. Su fuerza radica en percibir los tiempos políticos y en saber capturar la atención hasta de sus más enconados detractores. En esta ocasión ha demostrado esa misma habilidad a costa de nuestra diplomacia, que ha quedado patidifusa y dispersa ante el despliegue de un espectáculo que le ha resultado inesperado e impredecible. Alan ha percibido nuestra coyuntura, atravesada por elecciones de alta incertidumbre, lo que reduce nuestra capacidad de respuesta política. Y nos ha dado un golpe que no nos esperábamos.

¿Han espiado las FF.AA. chilenas a sus pares del Perú? No me extrañaría. Como tampoco dudo que el Perú haga lo mismo con Chile. Y que Chile lo haga con Argentina y que Argentina lo haga con Brasil, y que Brasil lo haga con todos los demás. Si los ejércitos no espían ¿para qué están sus departamentos de inteligencia militar? ¿Acaso sólo se dedican a espiar a los civiles de sus propios países? Es evidente que la disputa por la información es una dimensión inherente al arte de la guerra, que en nuestro tiempo hemos sublimado bajo el subterfugio de la defensa nacional. Un caso como el ventilado por Alan no coloca nada nuevo bajo el sol. Lo novedoso es que escapando a los conductos esperados, que habrían prescrito una discreta nota diplomática, útil en nuestro alambicado ajedrez bilateral, Alan decidió hacer de este evento un casus belli mediático, ante una audiencia a la que se ha alimentado en un chauvinismo premeditado y constante.

Alan sabe muy bien que cualquier disputa que levante con Chile le reditúa en popularidad, anula a sus opositores y confunde una agenda interna plagada de conflictos y recriminaciones en su contra. Esta es la estrategia que le ha permitido opacar a Ollanta Humala, su principal rival y ha logrado unificar a la derecha peruana tras su liderazgo. Por eso no es extraño que el emblemático periódico La Razón, portavoz del más ácido antichilenismo, haya girado sin rubores ni vergüenzas desde su descarado  fujimorismo a un incondicional apoyo al gobierno aprista. Se trata de una cantera política de la cual García sólo obtiene utilidades y donde los costos no son más que externalidades marginales, tal como lo ha demostrado al levantar la disputa judicial por los límites marítimos ante la corte de La Haya. Aún en el peor de los fallos, Perú no va a perder ni un centímetro de su territorio y durante todo el proceso el régimen de García captará el apoyo corporativo de diversos actores nacionales. Y si llega a ganar la disputa judicial, aspirará a ser considerado un héroe nacional.

Ante este panorama nuestra diplomacia debe fortalecerse para evitar escenarios que dañarían nuestros intereses. Lo primero es no caer en una espiral de provocaciones de la cual nada podemos lograr. No se debe dar espacio a las voces que en el marco de las elecciones parlamentarias pretenden cargar en los inmigrantes peruanos los costos de un conflicto en el que no les cabe más responsabilidad que sufrir las consecuencias de las políticas que les han llevado a buscar otros escenarios de vida y desarrollo.

Chile tampoco puede mantener su actual ritmo de gasto militar, el más alto de América Latina, y que sólo sirve a los políticos como Alan para fortalecer sus diatribas antichilenas. Se deben postergar ejercicios militares en zonas fronterizas que son caldo de cultivo a este proceso. Si Chile cree que va a ganar esta disputa por la vía del armamentismo va a ser derrotado en el campo de la diplomacia y de los espacios multilaterales y ese es un costo que no podemos pagar.

El show de Alan nos debe motivar a desarrollar una política exterior más inteligente y activa frente al Perú, basada en romper un círculo de odiosidades  en el que no tenemos nada que ganar. Es hora de ofrecer a la ciudadanía peruana un nuevo pacto de amistad y cooperación que anule los anhelos revanchistas y competitivos de los sectores que en ambos países buscan atizar rivalidades que no sirven más que para agriar los vínculos entre dos pueblos que juntos podrían alcanzar un nivel de vida y de libertades que separados nunca podrían llegar a soñar.

Para ello es necesario poner otros temas en la agenda de las relaciones bilaterales, que esté basada en intereses comunes. Cuanta energía se desperdició, por ejemplo, en la disputa por la denominación de origen del Pisco, mientras fuera de las fronteras de nuestros dos países este licor prácticamente no se consume. Mucho más eficaz hubiese sido imitar a los productores de ron que sin importar denominaciones de origen han coordinado sus esfuerzos y han posicionado conjuntamente este producto en todo el mundo. Pensemos en las posibilidades que se podrían abrir por medio de la integración de los circuitos turísticos entre el norte de Chile y el sur andino peruano, incluyendo San Pedro de Atacama, Cuzco y Machu Pichu. Imaginemos una política de explotación pesquera complementaria, basada en criterios de sustentabilidad de largo plazo. ¿Qué sentido tiene disputar una demarcación marítima si los recursos pesqueros no reconocen fronteras y se ven amenazados de forma alarmante? En fin, calculemos las posibilidades que abriría un pacto en la triple frontera peruano-chileno-boliviana basada en la cooperación energética, vial y portuaria. Es hora de romper el ciclo de las disputas de suma cero para buscar la sinergia entre dos países que apuestan a ganadores.

*Álvaro Ramis, presidente  de la Asociación chilena de ONGs ACCIÓN.

BACHELET A LA HORA DEL BALANCE

Publicado en Punto Final en Noviembre de 2009.

No es fácil hacer un balance completo de un gobierno como el de Michelle Bachelet. Si bien todas las encuestas muestran un alto grado de aprobación cuidadana a su gestión, es necesario tomar esas cifras con cuidado, tratando de descifrar lo que expresa la población al manifestar esta adhesión tan generalizada. Una pista que permite explicar esta evaluación surgió en la encuesta nacional de opinión pública UDP. En ella se evidencia que los índices de aprobación presidencial experimentaron un alza exponencial entre 2008 y 2009, desde un 52,7% a un 83,9% respectivamente. Durante el mismo período los encuestados han cambiado radicalmente su opinión respecto a la pregunta ¿Quiénes diría usted que son los principales beneficiarios de las políticas que implementa el gobierno de Michelle Bachelet? Si en 2008 un 36,6% pensaba que beneficiaba a la clase alta y sólo un 29,4 % a la clase baja, en 2009 un 53,5 % opina que beneficia a la clase baja y sólo un 12,1 % a la clase alta. ¿Cómo explicar que en sólo un año la presidenta de los ricos se convierta en presidenta de los pobres? ¿Como compatibilizar esta percepción con las evidencias que nos muestran un gobierno que niega la deuda histórica docente e incumple sus promesas de no invocar la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche, sólo para dar un par de ejemplos recientes?

La emergencia de la crisis financiera obligó al gobierno a cambiar su estrategia presupuestaria a mediados de 2008. De un criterio de gasto mínimo y excedentes fiscales, Andrés Velasco tuvo que pasar a aplicar políticas contracíclicas, expandiendo el gasto público tal como  se le había reclamado que desde el primer año del gobierno de Bachelet. La forma como se ha implementado esta política ha supuesto ampliar las transferencias condicionadas de renta (llamadas vulgarmente bonos) que se venían implementando desde hace varios años como instrumento estándar para la reducción de la pobreza estadística. El impacto político de estos resursos focalizados ha sido evidente y explican el rápido cambio de opinión social. Sin embargo, estas políticas no han logrado reducir la vulnerabilidad de amplias franjas de población que ante un escenario de adversidad económica volverán a retroceder a situaciones ya superadas. Las políticas de transferencia de renta por si solas no permiten acceder a empleos decentes y estables, y solo que funcionan como paliativos inmediatos que reditúan en popularidad fácil.Tampoco sirven para disminuir las desigualdades estructurales que caracterizan a nuestro país.

Durante el actual gobierno se han desarrollado una serie de iniciativas positivas como la promulgación de la Ley de Subcontratación, la igualación de salario mínimo con salario base, el reconocimiento del descanso a los trabajadores del comercio y el sistema de cálculo de la semana corrida incluyendo el sueldo variable, el inicio de una reforma previsional, que aunque no deroga o transforma el sistema de AFP, avanza con la pensión básica solidaria, incorpora el aporte provisional solidario y el aporte al fondo previsional a las mujeres por cada hijo nacido vivo.

Sin embargo este haber específico palidece ante un debe general mucho mayor. Durante estos años los grandes poderes de este país no han sido tocados en ningún minuto. Su poder no sólo es mayor que hace cuatro años, sin que además han logrado hacernos olvidar las promesas democratizadoras que en algún momento enarboló Bachelet al amparo de su abandonado ideal de gobierno ciudadano.